Las graves dificultades que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo para abrir cuentas bancarias son objeto de preocupación para el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), adscrito al Ministerio de Igualdad, que ha aprobado una recomendación exigiendo que se garantice este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que esta práctica supone.
El acceso y mantenimiento de las cuentas de pago básica para personas en situación de vulnerabilidad se ve obstaculizado de manera reiterada. Así ha sido recogido por las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el Estado español que constatamos como la práctica habitual de las entidades financieras en relación a este producto vulnera un derecho reconocido en la legislación española y europea.
